Han transcurrido algo más de ocho horas desde que se conociera la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que condena a José María Del Nido a siete años de prisión y cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el caso Minutas, al confirmar los delitos de malversación y prevaricación, respectivamente, y rechazar el de fraude, por los que fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga con motivo de su infausta relación con el Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Más de ocho horas despachadas con un párrafo escaso de comunicado en la página oficial sevillista.

Hace ahora dos años, cuando se conoció el fallo de la sala de instancia, le manifesté pública y privadamente al abogado Del Nido -su ejercicio como tal le ha conducido a esta situación- que sólo a él le competía la decisión de anunciar en rueda de prensa, por supuesto lejos del Sánchez Pizjuán como finalmente hizo, si continuaba o no al frente del Grande de Andalucía.

Como sevillista no tenía dudas: el mejor presidente de la historia del Sevilla FC estaba obligado a continuar en el cargo para el que le elegimos los accionistas. Como amigo, tampoco las tenía: José María debía apartarse del primer plano de nuestro club. Como tantas veces primó el sentimiento sobre la razón.

Sin embargo -también se lo hice saber de primera mano- el escarnio de hoy era evitable. La noticia, querámoslo o no, es que "el presidente del Sevilla ha sido condenado" y cierto es, única y exclusivamente, porque él ha querido que así sea cuando sabido es que los motivos de la condena están absolutamente al margen de su gestión como máximo mandatario del Sevilla FC. La mancha del oprobio, por su obstinación, ha caído sobre la institución, lo que le debería privarle de segundas o terceras intentonas cuando las deudas con la Justicia queden definitivamente saldadas.

Tuvo en la mano la oportunidad -y la desperdició- de que un asunto particular no afectara al Grande de Andalucía. Imagino inminente su, insisto, ya tardía dimisión y que el error cometido no sea solo el prólogo de otros en forma de interinidades y nombramientos turbadores en los cargos directivos. En el horizonte se vislumbra una junta general ordinaria inminente y ya debería estar convocada otra extraordinaria -imposible el delnidismo sin Del Nido- que configure el inmediato futuro de la nave sevillista.

En lo personal, un fuerte abrazo y mucho ánimo para el hombre, para mi amigo.

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El pasado 4 de febrero, desde estas páginas, animé a poner en conocimiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, los gravísimos hechos "ocurridos" antes del comienzo del choque de semifinales de Copa de S.M. el Rey en el Calderón, según "informaba" el diario El Mundo: "Los 'ultras' del Sevilla se mofaron de la tragedia del Arena en el Calderón".

De ser cierta la información, un indeterminado número de seguidores del Sevilla Fútbol Club SAD, además de la entidad deportiva Atlético de Madrid SAD por omisión, el colegiado del encuentro y el Coordinador de Seguridad, habrían vulnerado distintos preceptos del Capítulo I del Título I de la vigente Ley 19/2007.

Ya en octubre de 2011 denuncié ante esa Comisión que en partido celebrado en el mismo escenario que desde las gradas se coreó, además del ya rancio, xenófobo y tradicional "Sevillanos, yonkis y gitanos", el lema: "¡Ea, ea, ea... Puerta se marea!", en clara e indignante alusión al fallecido jugador sevillista.

Resultaría indigno compartir el aserto: "Justicia quiero yo, mas por mi casa no". Por ello, las recientes y lamentables expresiones, si se produjeron, por parte de la hinchada sevillista, sólo pueden calificarse de abominables y deplorables, repugnantes y lamentables, alentadoras de la violencia, que palmariamente atentan contra la integridad moral de cinco personas fallecidas recientemente, de las casi 200 víctimas mortales y miles de heridos del 11-M, de la sociedad en general y, en particular, de una afición, la sevillista, que no puede consentir que se la pueda identificar con tamaños desatinos e infracciones.

Así, finalmente, el pasado 14 de febrero, los firmantes de la denuncia solicitamos de la citada Comisión que, tras las oportunas indagaciones y valoración de los medios de prueba, se propusieran al órgano competente las correspondientes resoluciones sancionadoras a cuantas personas resulten responsables de los hechos que resultaran probados, y si los medios de prueba aportados no sustentaran la información periodística citada, se propusieran las correspondientes resoluciones sancionadoras al diario El Mundo en la persona, o personas, que resulten responsables, por manifiesta vulneración de las normas anteriormente citadas.

Pues bien, ayer mismo, mediante escrito fechado en Madrid el pasado 25 de febrero, la Comisión Permanente informa que "en la reunión del pasado 7 de febrero de 2013, se analizaron por la Comisión las documentaciones oficiales correspondientes a diversos encuentros, entre los que se encontraba el encontraba el citado partido de copa del Rey Atlético de Madrid - Sevilla ... sin que se recogiera en la citada documentación ninguna referencia a los gritos que se citan, por lo que no se tramitó propuesta de sanción alguna, ya que, a efectos sancionadores, la Comisión actúa prioritariamente en función de la documentación que le es facilitada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presume como veraces los hechos, o la ausencia de hechos, recogidos en la misma". Y continúa: "En lo que se refiere a su proposición de sancionar a un medio de comunicación, esta Comisión no tiene competencia para valorar la corrección del ejercicio profesional ni para proponer sanción al medio periodístico por el hecho de que la información ofrecida, derivada de la percepción del informante, no haya sido recogida en documentación o actas oficiales". Es decir, el mundo al revés: hemos solicitado la sanción para el informador pero la Comisión no puede proponerla porque su conducta no ha sido recogida en documentos oficiales. O sea, para sancionar al periodista las actas de la Policía del día del partido deberían decir algo así como: "No se han producido los hechos que denunciará mañana el diario El Mundo". Además, la Comisión vuelve a limitarse a actuar "prioritariamente" con la documentación facilitada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desechando el resto de herramientas que en sus manos pone la ley, entre ellas las grabaciones de imágenes que durante un mes han de estar a su disposición.

Es decir, más de lo mismo: hacer leyes como churros -papel mojado- para incumplirlas regodeándose en la más absoluta de la dejación de funciones porque cuando el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dice: "Artículo 74. Propuestas sancionadoras. 1. De acuerdo con el acta que, de cada acontecimiento deportivo, haya levantado el Coordinador de Seguridad, y sin perjuicio de las competencias de la autoridad gubernativa, la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte podrá elevar propuesta motivada de instrucción de expedientes sancionadores a los organizadores, espectadores y cualquier otra persona que, a su juicio, pudiera haber incurrido en alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 19/2007, de 11 de julio", ¿resulta meridianamente claro su mandato?

¿La información del diario El Mundo del pasado 4 de febrero -incierta según la propia Comisión- es, o no, incitadora a la violencia? Recordemos: "Los 'ultras' del Sevilla se mofaron de la tragedia del Arena en el Calderón". Su redactor Luis F. Durán, contó con todo lujo de detalles y sin aportar prueba alguna cómo "los radicales del Sevilla devolvieron la moneda en el Vicente Calderón de la peor forma: Se mofaron de la tragedia del Madrid Arena a sabiendas de que una de las cinco fallecidas, Cristina Arce, era aficionada rojiblanca y voluntaria del equipo en los partidos del Calderón" y que "A lo largo del encuentro, se repitieron los cánticos: "Madrid Arena, lo lo lo lo Madrid Arena" y "Atocha ¡boom!" en referencia a los atentados del 11-M en Madrid".

Recordemos que en nota de prensa en su día emitida por el Ministerio del Interior, se informaba que "Ante los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2011 (cánticos alusivos a Antonio Puerta) durante la celebración del encuentro Club Atlético de Madrid, SAD - Sevilla F.C., SAD, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte manifiesta que no se ha podido identificar a los autores que profirieron gritos en el interior del recinto deportivo y que fueron recogidos por algunos medios de comunicación. Sin embargo, esta Comisión Permanente condena y reprueba tales actos realizados por una minoría de aficionados presentes en este estadio y recuerda que dichas conductas no hacen más que desacreditar el buen nombre del deporte en nuestro país y solicita a los clubes de fútbol que actúen con firmeza para evitar que hechos similares se vuelvan a producir durante una celebración deportiva". Es decir, reconoce los hechos, tiene los medios para identificar a los delincuentes y no las usa.

El deseo, patético por otra parte, de la Comisión Permanente de condenar y reprobar los actos y de solicitar a los clubes que actúen con firmeza para evitar hechos similares, serían pura anécdota si no se tratara del órgano encargado de sancionar tales conductas de los infractores y de los propios clubes.

En definitiva, la Libertad de Prensa elevada al libertinaje informativo con las bendiciones del órgano encargado de luchar contra la violencia en el deporte. Una vez más se ha preferido seguir el viejo axioma de que si no se quiere resolver un problema se crea una comisión. Los parlamentarios (y la propia Administración en el ejercicio de la potestad reglamentaria) aprobaron una normativa seria y rigurosa que ofrece a los clubes, a sus coordinadores de seguridad, a los árbitros y a la propia Comisión, todas las herramientas, todas las garantías, para que los culpables respondan ante la ley. Eso sí, si los que tienen que exigir dicho cumplimiento no se convierten en meros cómplices de los delincuentes.